Directivos de la American Chamber of Commerce en México y representantes empresariales de Estados Unidos han planteado públicamente que la relación bilateral se sustenta en una integración productiva que hace a México un socio estratégico en asuntos de seguridad, migración y comercio.
Pedro Casas Alatriste y otras voces del sector privado han señalado que la posición de las empresas estadounidenses que operan en México influye hoy en la discusión sobre el futuro del T‑MEC y las medidas comerciales entre ambos países; en ese sentido, “estas empresas son las que están abogando porque sobreviva el TMEC”.
El debate ha cobrado urgencia ante advertencias y episodios recientes sobre aranceles: grupos empresariales mexicanos y estadounidenses han alertado que los gravámenes podrían perjudicar cadenas de suministro integradas y no resolver problemas como el flujo de drogas o la migración.
AmCham ha manifestado que la revisión del T‑MEC puede y debe conducirse de forma transparente y rápida para reducir incertidumbre y proteger inversiones, mientras que análisis independientes subrayan que el proceso de revisión —programado para activarse en 2026— podría entrelazarse con demandas sobre seguridad fronteriza y control de drogas.
Empresas y centros de análisis advierten que imponer aranceles sería un instrumento contraproducente para una relación profundamente entrelazada: afectaría a exportadores, encarecería insumos en Estados Unidos y añadiría riesgos para la reubicación de inversiones. Por ello, actores privados piden soluciones que prioricen la coordinación operativa y la estabilidad regulatoria.
En el terreno de la seguridad y la migración, la agenda bilateral actual combina acciones de cooperación operativa con presiones diplomáticas: Washington ha ligado en ocasiones la posibilidad de medidas comerciales a avances en control migratorio y combate al tráfico de fentanilo, lo que ha convertido esos temas en factores relevantes para las negociaciones comerciales.
AmCham y empresas vinculadas al comercio transfronterizo insisten en que la mejor vía para mantener la competitividad y la inversión es fortalecer la aplicación de las reglas del T‑MEC, mejorar certidumbre regulatoria y profundizar la coordinación en seguridad y facilitación comercial, en lugar de recurrir a aranceles como respuesta principal.
Para los actores económicos, la agenda práctica ahora incluye exigir transparencia durante la revisión del T‑MEC y buscar mecanismos que preserven las cadenas de suministro norteamericanas mientras se atienden las exigencias de seguridad y migración que plantea Estados Unidos.
