La magistrada en retiro María Emilia Molina de la Puente advirtió que podrían presentarse numerosos juicios de amparo contra los nuevos lineamientos federales para la protección de los derechos de las audiencias, aunque consideró que sería difícil que prosperaran debido al escenario que, desde su perspectiva, enfrenta actualmente el sistema judicial mexicano.
La también presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadores cuestionó que el Estado tenga facultades para intervenir en la forma y el contenido de la información que reciben las audiencias. A su juicio, las disposiciones contienen ambigüedades y márgenes de discrecionalidad que podrían afectar la libertad de expresión y fomentar la autocensura.
El proyecto de lineamientos fue publicado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones el 24 de julio de 2026 y se encuentra sujeto a una consulta pública del 27 de julio al 21 de agosto. El organismo sostiene que la propuesta busca establecer mecanismos para garantizar los derechos de las personas que reciben contenidos de radio y televisión.
Molina de la Puente sostuvo que combatir la desinformación no debe implicar que el gobierno determine qué información puede difundirse. En su opinión, la respuesta institucional debería centrarse en la transparencia y en la disponibilidad de datos verificables sobre las actividades del Estado.
La jurista consideró que algunas disposiciones podrían entrar en tensión con la Constitución y con los tratados internacionales en materia de libertad de expresión. Explicó que, a partir de la reforma constitucional de 2011, las autoridades deben observar el llamado bloque de constitucionalidad, que incluye los estándares internacionales de derechos humanos.
También señaló que la intervención de autoridades administrativas en contenidos informativos podría generar efectos inhibitorios. Según su planteamiento, la posibilidad de recibir multas o sanciones puede llevar a medios, periodistas y comunicadores a limitar la información que publican para evitar consecuencias legales.
Sobre las vías de impugnación, estimó que las empresas de radio y televisión podrían recurrir principalmente al juicio de amparo. Sin embargo, afirmó que la independencia y la capacidad técnica de los juzgadores serán factores determinantes para resolver las controversias.
La magistrada en retiro añadió que las acciones de inconstitucionalidad enfrentarían obstáculos políticos derivados de la composición del Congreso. Por ello, consideró que los litigios podrían desarrollarse principalmente en los juzgados de distrito en materia administrativa.
El debate sobre los lineamientos ocurre mientras especialistas, organizaciones, medios de comunicación y representantes políticos discuten el equilibrio entre el derecho de las audiencias a recibir información veraz y la libertad de expresión. La consulta pública concluirá el 21 de agosto de 2026, fecha a partir de la cual continuará el proceso de análisis del proyecto.