Ramiro Ulises “N”, identificado en comunicados y reportes periodísticos como “Comandante Galindo”, fue detenido el 27 de marzo de 2026 en el municipio de Malinalco, Estado de México, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de secuestro exprés con fines de extorsión.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México y medios locales identificaron al detenido como presunto líder regional de una célula criminal autodenominada “Operativa Delta”, asociada al Cártel de Jalisco Nueva Generación, cuya zona de operación incluía los municipios de San Martín de las Pirámides, Teotihuacán, Temascalapa y Otumba.
Las investigaciones atribuyen al grupo delitos de alto impacto, entre ellos homicidio, privación ilegal de la libertad, trata de personas, operaciones con recursos de procedencia ilícita, robo de hidrocarburos y delitos contra la salud. Autoridades informaron que la detención fue el resultado de una acción coordinada entre instituciones estatales y fuerzas federales.
Reportes señalan que los hechos por los que se ejecutó la orden de aprehensión ocurrieron en 2025; en uno de los episodios descritos, la víctima fue interceptada en una gasolinera, privada de la libertad y trasladada a un inmueble donde le exigieron participar en el traslado de sustancias con destino a Baja California, bajo amenaza contra su vida y la de sus familiares.
Tras la captura, medios citan que un juez determinó vincular a proceso a Ramiro Ulises “N”, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo para la investigación complementaria. Las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación y continúan con actos de indagatoria para identificar posibles responsables y vínculos adicionales.
La Fiscalía estatal y las corporaciones que participaron en el operativo no han publicado en conjunto un dossier público con todos los elementos probatorios; por tanto, la información disponible proviene de comunicados oficiales y reportes periodísticos que siguen el caso mientras avanzan las diligencias judiciales.
Las indagatorias y las medidas que adopte el Ministerio Público continuarán en las semanas siguientes conforme se recaben más evidencias y se practiquen audiencias ante tribunales locales.
