El 24 de abril de 2026, habitantes de la zona alta de Zacatlán, Puebla, denunciaron la operación y expansión de minas de feldespato a cielo abierto que, aseguran, han contaminado arroyos, manantiales y suelos agrícolas, y han contribuido a la pérdida de cobertura forestal en la región.
Los pobladores sostienen que en el área existen varias concesiones mineras —con un total aproximado de 1,256 hectáreas en disputa— y que la extracción se ha realizado sin el consentimiento de comunidades y ejidatarios. Denuncian además prácticas de lavado del mineral que liberan polvo y residuos que afectan cultivos y fuentes de abastecimiento de agua.
Miembros de organizaciones locales y comités ciudadanos han presentado quejas públicas y realizado protestas contra la ampliación de explotaciones, al tiempo que señalan impactos en la salud respiratoria de la población por el polvo de sílice y deterioro en el rendimiento de parcelas frutales.
En meses recientes se ha reavivado el debate sobre permisos y manifestaciones de impacto ambiental en la región; grupos comunitarios documentaron irregularidades en proyectos de expansión y solicitaron a la autoridad ambiental federal revisar y, en su caso, negar autorizaciones que afecten zonas forestales y acuíferas.
Autoridades locales y federales han sido citadas por vecinos para que realicen inspecciones y determinen responsabilidades; las comunidades piden clausuras cuando existan incumplimientos y mayor transparencia en la gestión de concesiones y uso del agua.
La disputa en Zacatlán recuerda conflictos mineros previos en la sierra norte de Puebla, donde la explotación de feldespato ha generado quejas por agotamiento de mantos freáticos, contaminación y pérdida de bosque. Los vecinos exigen medidas inmediatas para proteger fuentes de agua y la biodiversidad de la zona.
