Un juez de Michoacán libró órdenes de aprehensión dirigidas al exgobernador Silvano Aureoles Conejo, al entonces secretario de Seguridad Juan Bernardo Corona Martínez y a 14 policías estatales por su presunta responsabilidad en el operativo ocurrido el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, que dejó a varias personas muertas.
La emisión de los mandamientos judiciales motivó un pronunciamiento de la comunidad: autoridades y representantes del Concejo Comunal exigieron que las órdenes se ejecuten con diligencia y señalaron que la acción judicial representa una oportunidad para avanzar contra la impunidad que rodea los hechos.
El caso tiene antecedentes de investigación por violaciones graves a los derechos humanos. Organismos y notas periodísticas han señalado que el operativo de abril de 2017 terminó con ejecuciones extrajudiciales y denuncias de tortura, detenciones arbitrarias y allanamientos, lo que motivó recomendaciones y exigencias de investigación integral.
Las órdenes relacionan los hechos de 2017 con delitos como homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, según las informaciones públicas sobre el avance judicial. Las fuentes que dieron cuenta del nuevo trámite judicial indican además que las diligencias derivan de investigaciones sostenidas por la comunidad y su asesoría legal.
Representantes de Arantepacua han buscado la atención de instancias federales; en movilizaciones recientes una comisión de comuneros y sus abogados se reunió con funcionarios de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para analizar la posibilidad de que el caso sea atraído y para coordinar seguimientos jurídicos.
Las órdenes de aprehensión abren una nueva etapa procesal: para que los responsables enfrenten cargos será necesario que las autoridades localicen y detengan a las personas señaladas, que se presenten ante juez y que los procesos permitan la desahogo de pruebas y, en su caso, determinaciones judiciales. La comunidad de Arantepacua ha anunciado que dará seguimiento público al proceso y mantendrá su exigencia de justicia.
El avance judicial en torno al operativo de 2017 será vigilado por las víctimas y organismos de derechos humanos; su ejecución y las decisiones posteriores definirán si el caso deja de ser una demanda histórica de las comunidades purépechas y se convierte en un proceso que esclarezca responsabilidades y sancione a los implicados.
