El gobierno de China negó públicamente haber ejercido presión sobre Panamá a través de inspecciones o detenciones de buques que enarbolan la bandera panameña, y calificó las acusaciones de “infundadas” y una distorsión de la realidad.
La controversia se intensificó tras la sentencia de la Corte Suprema de Panamá del 29 de enero de 2026, que declaró inconstitucionales las concesiones para operar los puertos de Balboa y Cristóbal, administradas por una filial de una compañía de Hong Kong. El 23 de febrero de 2026 el gobierno panameño tomó el control de ambos terminales.
En las semanas siguientes se ha registrado un aumento inusual en las inspecciones y retenciones de buques de bandera panameña en puertos chinos, lo que generó alertas por parte de autoridades y organismos internacionales. La Comisión Federal Marítima de Estados Unidos (FMC) dijo que sigue de cerca esa tendencia.
Varios países emitieron pronunciamientos expresando su preocupación por posibles medidas que afecten la libertad de navegación y el comercio regional. El intercambio diplomático llevó a que Pekín reiterara su rechazo a las acusaciones y pidiera que terceros no interfieran en sus relaciones con la región.
El caso refleja la creciente tensión entre intereses económicos y geopolíticos en torno al Canal de Panamá y la infraestructura portuaria asociada: la anulación de las concesiones y la posterior gestión de las terminales han puesto en el centro del debate la dependencia de rutas comerciales y registros de bandera, y las posibles repercusiones para la logística global.
Por ahora no hay indicios de interrupciones permanentes en la operativa de los puertos del canal, aunque la situación sigue bajo vigilancia por parte de autoridades panameñas y actores internacionales. Se esperan pronunciamientos adicionales mientras avancen las revisiones legales y las gestiones diplomáticas.
