El 4 de abril de 2026 la parroquia y el pueblo creyente de Chenalhó emitieron un llamado público en el que alertaron sobre la normalización de la violencia en la vida cotidiana y pidieron medidas concretas para contenerla.
En su comunicado la comunidad pidió a los tres niveles de gobierno la puesta en marcha de políticas públicas para prevenir y atender las adicciones entre jóvenes; la deshabilitación de cantinas que, dijeron, promueven la prostitución de mujeres jóvenes y menores; investigaciones por posibles actos de corrupción en autoridades señaladas; atención y justicia para víctimas de usura; y la investigación, desarme y desarticulación de grupos armados que operan en la región.
Los firmantes señalaron que el consumo excesivo de alcohol y la mezcla con drogas está ligado al aumento de la violencia y afirmó que en cantinas legales e ilegales se propaga el narcomenudeo, incluso en negocios que, según el comunicado, funcionarían como fachadas para venta clandestina.
El escrito también advirtió que en algunos planteles estudiantiles se han alterado bebidas con alcohol o drogas, lo que habría derivado en situaciones de acoso escolar y violencia física y psicológica cada vez más difíciles de controlar.
La petición se inserta en un contexto regional donde, en años recientes, pobladores y organizaciones han denunciado la presencia de grupos armados, desplazamientos forzados y episodios de violencia en municipios de los Altos de Chiapas; esas movilizaciones han requerido respuestas de las autoridades locales y federales.
Como resultado de su pronunciamiento, la parroquia y la comunidad exigieron que las investigaciones identifiquen responsabilidades, se sancione a quienes resulten involucrados y se garantice el retorno seguro de personas desplazadas, así como acciones para proteger a mujeres y adolescentes expuestos a la explotación.
El documento concluye con un llamado a que las autoridades actúen con prontitud y eficacia para recuperar la seguridad y la paz en los parajes afectados, y a que se implementen medidas de prevención en materia de salud pública contra las adicciones.
