Causa en Común y otros colectivos han expresado preocupación por la reciente depuración del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que, según informes periodísticos que recogen la versión oficial, arroja un total cercano a 130,178 registros tras la revisión de la base de datos.
El núcleo del reclamo es que una parte significativa de esos registros carece de información mínima verificable: en el desglose difundido aparecen 46,742 casos (aproximadamente el 36%) con datos incompletos; alrededor de 40,308 registros (31%) se habrían reclasificado porque muestran actividad administrativa posterior a la denuncia; y cerca de 43,128 casos (33%) se señalan como desapariciones «verificadas», aunque sólo 3,869 de esos últimos estarían vinculados a una carpeta de investigación abierta.
La relevancia del ajuste radica en cómo se traducen estas cifras en acciones concretas de búsqueda e investigación: las organizaciones advierten que excluir o reclasificar registros por cruces administrativos puede dejar fuera a personas que siguen sin ser localizadas y reducir la urgencia de búsquedas en campo y procesos forenses necesarios para la identificación.
Desde la Presidencia y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se defendió la depuración como un proceso para mejorar la calidad técnica del registro. En diferentes comunicados y presentaciones públicas se han dado cifras ligeramente distintas sobre cuántos casos quedan con datos suficientes para la búsqueda (en algunas intervenciones se citó la cifra de 41,328 personas con datos completos y sin actividad posterior), lo que ha alimentado dudas sobre la consistencia metodológica del ejercicio.
La administración federal relacionó la revisión con reformas legales recientes que buscan que el registro incorpore cruces de identidad y bases administrativas para evitar registros sin información básica. Organismos oficiales sostienen que la medida permitirá concentrar recursos en casos con información verificable y crear una Plataforma Única de Identidad para cruces en tiempo real.
Por su parte, Causa en Común y colectivos de familiares reclamaron mayor transparencia en la metodología de depuración, mecanismos independientes de verificación y el fortalecimiento de las fiscalías y comisiones de búsqueda. Las organizaciones han pedido acelerar procesos de identificación forense, asegurar recursos humanos y técnicos para las búsquedas en campo y publicar auditorías sobre los criterios utilizados para reclasificar registros.
La disparidad entre los distintos conteos y la baja proporción de registros vinculados a carpetas de investigación plantean preguntas sobre el impacto real de la depuración en la localización de personas y el acceso a la justicia. Las organizaciones demandan que cualquier ajuste estadístico vaya acompañado de medidas que garanticen búsqueda efectiva, transparencia metodológica y rendición de cuentas.
En los próximos días, colectivos y autoridades deberán resolver si la depuración se acompaña de auditorías independientes y de un plan concreto para reasignar recursos de búsqueda; de lo contrario, advierten, el ajuste de cifras podría convertirse en una corrección técnica que no mejore la capacidad estatal para encontrar y esclarecer el paradero de las personas desaparecidas.
