Un juez del Poder Judicial del Estado de México concedió prisión domiciliaria a Carlota “N”, adulta mayor vinculada a proceso por su probable participación en la muerte de dos personas y la tentativa de homicidio de un menor ocurridos el 1 de abril de 2025 en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, en la comunidad de La Candelaria Tlapala, municipio de Chalco.
La medida cautelar modificada contempla, entre otras condiciones, el uso de un brazalete electrónico de localización, la prohibición de acercarse a las víctimas y a los ofendidos, la restricción respecto al domicilio y escuela del menor identificado con las iniciales C.C.B., y la imposibilidad de salir del país.
Según las investigaciones ministeriales difundidas por medios, el 1 de abril de 2025 Carlota “N” acudió acompañada por familiares al inmueble que reclamaban como propiedad de su familia y, durante la confrontación, disparó contra personas que estaban en el lugar. Como saldo de los hechos fallecieron un joven y un hombre adulto y resultó lesionado un menor; las notas periodísticas registran discrepancias en la edad exacta del menor (reportes indican 14 o 15 años).
La mujer y dos de sus hijos fueron detenidos tras el incidente y permanecieron en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco hasta que el juez ordenó el cambio de medida cautelar por razones vinculadas a su edad y estado de salud. Las fuentes subrayan que la modificación no equivale a una absolución; el proceso penal continúa abierto bajo la figura de prisión domiciliaria.
Como contexto del conflicto por la propiedad, autoridades judiciales y fiscales han acreditado la titularidad del inmueble a la familia de Carlota y, en procedimientos relacionados, un hombre identificado como Víctor Eladio Pérez Ortiz fue sentenciado mediante procedimiento abreviado por el despojo del predio.
Fuentes locales informan que la salida del penal se prevé una vez cubiertos los requisitos que determine el juzgado, incluida la posible fianza, y que la vigilancia judicial y las restricciones impuestas permanecerán mientras dure el proceso. El caso ha impulsado, además, operativos estatales enfocados en la restitución de inmuebles presuntamente ocupados de manera irregular.
