El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar el 26 de marzo de 2026, y envió la minuta al Senado para su revisión; la votación en lo general quedó registrada con 359 votos a favor y 80 en contra.
La iniciativa busca ampliar los esquemas de financiamiento para obras públicas estratégicas ante la caída de la inversión pública reportada en 2025, y acompaña el Plan de Inversión en Infraestructura 2026‑2030 que plantea movilizar alrededor de 5.6 billones de pesos, según el documento asociado al dictamen.
Entre las medidas aprobadas se autoriza la participación mixta del sector público, privado y social en proyectos estratégicos; se crean Vehículos de Propósito Específico (VPE) —como fideicomisos, sociedades o mandatos— para aislar riesgos y emitir instrumentos financieros sin que su constitución implique por sí misma deuda pública.
El dictamen establece dos modalidades de participación mixta: contratación de largo plazo e inversión mixta, y prevé la creación de un Consejo de Planeación Estratégica para coordinar la inversión en infraestructura, que sería presidido por la titular del Ejecutivo federal e incluiría a diversas dependencias y invitados permanentes.
La reforma también contempla cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para habilitar esquemas financieros diferenciados; el texto aprobado reconoce además a cooperativas, comunidades, ejidos y organizaciones de trabajadores como parte del sector social con posibilidad de integrarse a los esquemas de participación mixta.
Autoridades y legisladores oficialistas defendieron la norma como un marco que dará certeza a la inversión y mantendrá la rectoría del Estado sobre proyectos estratégicos, mientras que diputados de oposición advirtieron riesgos de discrecionalidad, tráfico de influencias y presiones fiscales a largo plazo si no se establecen salvaguardas adicionales.
Con la aprobación en lo general, la iniciativa pasa al Senado para su análisis en lo particular; en el debate legislativo los puntos pendientes incluyen las reglas de gobernanza de los VPE, los mecanismos de transparencia y la delimitación precisa de la participación privada en sectores como energía y transporte.
