Varias columnas periodísticas difundieron versiones que vinculan a procesadoras de pago, plataformas digitales y casas de apuesta con supuestas indagatorias por presunta defraudación fiscal y lavado de dinero; entre las empresas mencionadas apareció AlquimiaDigital y, en algunos textos, se aludió también a proveedores de servicios de pago.
En respuesta a esas publicaciones, AlquimiaDigital publicó un derecho de réplica el 25 de noviembre de 2025 en el que negó tener “relación operativa, tecnológica ni contractual” con Kushki y rechazó las afirmaciones sobre investigaciones en su contra. El escrito invocó disposiciones legales aplicables al derecho de réplica y calificó las versiones como carentes de sustento documental.
Las columnas que originaron la polémica señalaron, según sus autores, la existencia de indagatorias relacionadas con supuestos esquemas de triangulación financiera y vínculos con establecimientos de juego; esas notas mencionaron además la posible participación de actores del ecosistema de pagos en operaciones cuestionables, sin que las fuentes abiertas consultadas ofrezcan una confirmación oficial por parte de autoridades fiscales o de inteligencia financiera.
AlquimiaDigital puntualizó en su respuesta que no opera terminales punto de venta ni redes adquirentes y negó que la nota publicada refleje su realidad operativa, jurídica o tecnológica. El derecho de réplica se fundamentó, según el texto, en normas constitucionales y en la Ley Reglamentaria del Derecho de Réplica.
En tanto, las versiones periodísticas que han circulado citan indagatorias atribuidas a instancias como la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera, pero entre las fuentes revisadas no se encontró una comunicación pública formal de dichas autoridades que confirme esas investigaciones contra las empresas mencionadas.
Ante este escenario, el registro público disponible muestra comunicados y réplicas de las partes involucradas y cobertura de columnas periodísticas; la situación subraya la necesidad de esperar notificaciones oficiales o documentos de autoridad antes de establecer responsabilidades o conclusiones definitivas.
