El 8 de marzo de 2026, durante la movilización por el Día Internacional de la Mujer en Tijuana, se registraron actos de vandalismo que dañaron oficinas de la Fiscalía General del Estado (FGE) y los juzgados séptimo y octavo familiar; organizaciones del gremio jurídico de Baja California emitieron pronunciamientos públicos condenando los hechos y pidiendo investigación.
La Federación Estatal de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados de Baja California (FEDABO) señaló que los daños alcanzaron expedientes vinculados a órdenes de restricción, pensiones alimenticias y adopciones, y advirtió que la pérdida de documentos originales podría impedir que ciertos procedimientos legales continúen o se ejecuten, afectando directamente a mujeres, niñas y niños.
Por su parte, la Barra de Abogadas Lic. María Sandoval de Zarco rechazó cualquier forma de violencia contra la ciudadanía y afirmó que, aunque comprende la indignación social, la destrucción de edificios y archivos no contribuye al acceso a la justicia ni beneficia a las personas que esperan una resolución judicial.
Además del llamado a investigar y sancionar a los responsables de los daños, representantes del gremio apuntaron la necesidad de fortalecer la capacidad institucional: la presidenta de la Barra, Estefanía Campos García, indicó que los procesos de denuncia en la FGE son extensos y que herramientas como el portal en línea “no siempre funcionan”, por lo que urgió mayor inversión en personal y capacitación con perspectiva de género.
Hasta el momento de los reportes locales, las autoridades no han informado públicamente sobre la apertura de una investigación formal por los daños ocurridos durante la protesta, según las organizaciones consultadas.
Finalmente, los comunicados recordaron el contexto más amplio: la persistencia de altos niveles de impunidad en México y los índices relevantes de violencia en Tijuana, factores que explican el descontento social; sin embargo, insistieron en priorizar mecanismos de diálogo institucional y reformas técnicas para mejorar la atención a las víctimas sin vulnerar infraestructura y archivos que sirven a la ciudadanía.
